En un escenario global y regional de disponibilidad de vacunas, pero falta acceso equitativo garantizado en el que se espera que 9 de cada 10 personas de países pobres no accederán a una vacuna contra el COVID-19 a lo largo de este año, la necesidad de la consideración de la vacuna como bien público global y derecho humano cobra más relevancia que nunca.
Por eso el miércoles más de 30 de instituciones del mundo científico y de la sociedad civil de Latinoamérica se unieron por el acceso universal de la vacuna contra el COVID-19 en un evento sin precedentes con la presencia de representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y más de 500 participantes de toda la región: el 1er Encuentro Regional “La Vacuna Como Bien Público” de Acceso, un foro de instituciones constituido para contrarrestar las desigualdades en el acceso a las vacunas conformado por sociedades científicas, asociaciones médicas y organizaciones de la sociedad civil (OSC) de Latinoamérica.
Erika Dueñas, representante de la OMS y Tomás Pippo, de la OPS, entre otros especialistas, conversaron sobre las barreras para la distribución equitativa y las múltiples aristas que presenta la problemática, una de ellas, la falta de producción. Como destacó Dueñas, “no se puede distribuir lo que no hay” y es que no existe un nivel de producción de vacunas suficiente a escala mundial. Por eso organismos como la OPS están presentando proyectos para aumentar la capacidad productiva de vacunas y otras tecnologías. En palabras de Eugenio Villar, especialista en determinantes sociales: “Incluso compartiendo las patentes no es suficiente si no tenemos capacidad productiva” y según Tomás Pippo, en Latinoamérica la oferta “no pudo responder y esto dejó en evidencia una dependencia de importaciones y de la cadena de suministros”. El funcionario de la OPS destacó además que para cumplir con esta agenda es fundamental que haya una articulación entre todos los sectores públicos de cada país, el sector privado y la sociedad civil y que ésta tiene un rol clave como para “fortalecer el dialogo y juntar las partes”. A esta idea se sumaron más oradores, como Felipe Carvalho, representante de la campaña de acceso de Médicos Sin Fronteras (MSF) que remarcó: “Los países latinoamericanos tienen una historia muy fuerte en la defensa del derecho a la salud, hoy los gobiernos están ausentes. Esta historia está construida por la sociedad y por eso es muy importante la existencia de foros como éste”. Carvalho declaró además que las vacunas del COVID-19 “no están cumpliendo su propósito y eso era previsible”, justamente porque “lo que no está disponible es un régimen de bienes públicos en salud”.
¿Y a qué se refieren específicamente los miembros de Acceso con “vacuna como bien público”? Gabriel Baracatt, director ejecutivo de Fundación Avina, lo definió en pocas palabras: “Un bien púbico es aquel que se goza sin limitación en todo el país en igual cantidad y calidad para todas las personas”. Baracatt sostiene que la desigualdad de Latinoamérica se explica, entre otras cosas, por la falta de bienes públicos de calidad y que para los problemas regionales y globales, como la pandemia y el cambio climático, “necesitamos lógicas globales”. Hugo Mercer, secretario académico del Instituto de Ciencias de Rehabilitación de la Universidad de San Martín, agregó: “Momentos como estos, cuando las desigualdades se intensifican, ponen en peligro las democracias” y por eso destacó que es fundamental trabajar en la construcción ciudadana.
También es vital la participación y la responsabilidad política de la ciencia. Alexandre Naime Barbosa, de la Sociedade Brasileira de Infectologia de Brasil, expresó: “Las sociedades científicas tienen que colaborar con los gobiernos y en algunas zonas específicas como Brasil hay que luchar de forma más fuerte incluso contra la política y contra los grupos de negacionismo para que se tomen decisiones basadas en la ciencia”. Dulce Flores, representante del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de México, hizo hincapié en este punto: “La ciencia debe involucrarse en la transformación de los individuos en actores sociales y en la búsqueda de soluciones, adoptar modelos más democráticos y construir conocimientos que sean útiles para defender los derechos humanos y el derecho a la salud. Así la participación ciudadana se va a construir en una estrategia sostenida en el tiempo y apoyada en poblaciones adecuadamente informadas para tener resultados más ágiles y equitativos.” Y cerró: “Acceso nos invita a que, con participación ciudadana responsable, activa y sobre todo bien informada con buenas y reales políticas de salud, se promueva y se acepte la vacunación contra el COVID-19 como un bien público. Así vamos a poder reforzar el derecho a la salud con el que toda la humanidad cuenta.”
Acceso seguirá incorporando instituciones y trabajando para colaborar en la carrera hacia el acceso universal a la vacuna. Alejandra Sánchez Cabezas, en nombre del Observatorio de Salud el GDFE de Argentina, alentó: “Si queremos seguir viviendo, si queremos que cada persona tenga el mismo derecho a la subsistencia, si pretendemos que eso se materialice en mejores condiciones de vida y de acceso a recursos, como en este caso a las vacunas COVID-19, urge poner en marcha procesos de revinculación social que produzcan reformas del pensamiento capaces de construir ciudadanías plenas y solidarias”.
